Por: Eduardo Rivera S.
Presidente del Consejo Editorial de Grupo Mundo Ejecutivo
Durante años hemos discutido la importancia de contar con una industria farmacéutica fuerte en México, pero pocas veces ese discurso se ha traducido en acciones estructuradas. Hoy, sin embargo, nos encontramos ante una disyuntiva potencialmente transformadora: el Gobierno federal ha comenzado a promover activamente la inversión de laboratorios internacionales para producir medicamentos e insumos médicos en el país, en respuesta a un desabasto que ya no es anecdótico, sino sistémico.
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El mensaje de la presidenta habla de que México no puede depender de proveedores externos para garantizar el acceso a tratamientos básicos. Y si la pandemia nos dejó una lección imborrable, es que la soberanía sanitaria no es un concepto abstracto, pues se traduce en la capacidad de producir lo que necesitamos para vivir y cuidar de los nuestros, sin quedar a merced de disrupciones globales o intereses geopolíticos.
Desde mi experiencia empresarial, sé que el desarrollo industrial no responde solo a estímulos económicos, sino a señales políticas, condiciones regulatorias y voluntad
conjunta. Por eso, celebro que se estén articulando esfuerzos desde la Secretaría de Economía y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con el objetivo de simplificar trámites, ofrecer incentivos fiscales y garantizar un entorno más predecible para quienes apuesten por fabricar aquí.
Pero la oportunidad va más allá de resolver una crisis de desabasto. La producción nacional de medicamentos tiene el potencial de convertirse en un motor de innovación, empleo calificado y desarrollo regional. Estados como Jalisco, Estado de México y Puebla ya concentran parte importante de la manufactura farmacéutica; el siguiente paso es elevar el valor agregado, invertir en biotecnología, integrar universidades y centros de investigación al ecosistema y fomentar la creación de patentes mexicanas.
México cuenta con condiciones únicas para lograrlo: una ubicación estratégica, un mercado interno robusto, tratados de libre comercio con más de 50 países, y una comunidad médica y científica cada vez más capacitada. Lo que falta, y lo digo con claridad, es una visión compartida entre el Estado y el empresariado para apostar por el largo plazo.
También debemos ser conscientes de los retos. La industria farmacéutica global es altamente competitiva y regulada. Requiere estándares internacionales, certificaciones exigentes y un marco jurídico que dé confianza. Aquí es donde entra la responsabilidad del Gobierno: asegurar que la Cofepris actúe con rigor técnico, pero sin convertirse en un obstáculo burocrático; y del sector privado: comprometerse con la ética, la transparencia y el acceso justo a medicamentos.
Algunos dirán que producir en México no resolverá todos los problemas. Es cierto, pero dar pasos decididos hacia una soberanía farmacéutica es, en sí mismo, una declaración de principios. Significa priorizar la salud de los mexicanos, generar riqueza desde el conocimiento y recuperar ciertas capacidades que por años fueron desmanteladas.
Si algo he aprendido en mis años colaborando con Gobiernos estatales y empresas multinacionales, es que los grandes proyectos nacionales no se construyen desde el miedo, sino desde la colaboración inteligente. Esta es una oportunidad para demostrarlo.
La salud no puede depender de barcos, ni de crisis logísticas al otro lado del mundo. La respuesta está aquí, en nuestras plantas, en nuestros científicos, en nuestras decisiones. Apostar por una industria farmacéutica fuerte en México va más allá de las políticas públicas, hablamos de una estrategia general de país.
