Por Dr. Octavio de la Torre
Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos.
En México, la informalidad no es el enemigo. Es el síntoma. El verdadero enemigo es el abandono del territorio y la falta de condiciones estructurales que permitan a millones de personas integrarse a la economía formal sin quedar atrapadas en una carga fiscal y regulatoria insostenible.
Más de 32.7 millones de personas —el 55% de la población ocupada— operan en la informalidad. Este sector aporta cerca del 25% del PIB nacional, es decir, más de seis billones de pesos anuales. Pero este dato no es una victoria: es una alerta. Detrás de esa cifra hay millones de personas sin seguridad social, sin derechos laborales y sin certeza para sus familias.
El crecimiento de la economía informal en México ha sido constante: en 2018 había 30.7 millones de personas en esta situación; hoy son casi dos millones más. Mientras tanto, los costos de operar formalmente no se reducen: en promedio, iniciar un negocio requiere ocho trámites y un desembolso superior a los 28 mil pesos de acuerdo con el Banco Mundial. Pero lo más difícil no es entrar a la formalidad, es quedarse.
Las empresas formales enfrentan un ISR de entre 25% y 30% de sus ingresos, más una carga aproximada del 20% de la nómina en contribuciones. A eso se suman los costos de cumplimiento, contabilidad, fiscalización y operatividad en un sistema que muchas veces no les retribuye. Lo que representa una competencia desleal para quienes sí cumplen, y una trampa para quienes desean integrarse legalmente.
Desde la Confederación de Cámaras de Comercio afirmamos con claridad: no culpamos a quien se ve orillado a vender en la calle o emprender sin registro. Entendemos que muchas veces es la única salida que tienen. Pero sí exigimos que el Estado deje de fallarle a los negocios formales que pagan impuestos, cumplen reglas y generan empleo.
La informalidad es una trampa para quien está dentro y una injusticia para quien compite desde la legalidad. Por eso proponemos alternativas, no castigos. Y exigimos condiciones justas para quienes hacen las cosas bien.
No podemos seguir normalizando que el crecimiento económico implique precarización laboral. México necesita una política real de formalización productiva, basada en crédito, digitalización y cercanía con el territorio. Desde nuestras cámaras en más de 1,800 municipios, proponemos una estrategia territorial para dar el salto de la subsistencia a la prosperidad. No es discurso: es acción.
Nuestra propuesta es clara: llevar las herramientas de la formalidad a donde están las personas. No pedirles que crucen un mar de trámites. Por eso planteamos una red nacional de impulso a las empresas familiares con financiamiento sencillo, capacitación y tecnología. Porque si queremos un país con desarrollo equitativo, debemos empezar por reconocer que la formalidad no debe ser un privilegio, debe ser un camino accesible. Y nuestra
responsabilidad como líderes empresariales es abrir esa puerta, no cerrarla.
No hay polarización. Compartimos la meta del Gobierno de lograr prosperidad compartida. Pero decimos con firmeza: no habrá prosperidad posible mientras millones de mexicanos carezcan de derechos laborales y mientras el cumplimiento de la ley siga castigando al pequeño y mediano empresario.
México no puede seguir sosteniendo una economía de dos velocidades. Necesitamos una política económica que reconozca las desigualdades reales del territorio y responda con medidas prácticas, sostenidas y locales.
