El compromiso de continuar con la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo se mantiene como una de las apuestas centrales del gobierno federal, ahora encabezado por Claudia Sheinbaum. Así lo reafirmó la presidenta ante el sector financiero del país durante la 88 Convención Bancaria, donde anunció que su administración prevé mantener ajustes anuales de doble dígito para este referente, y que para 2026 podría alcanzarse un incremento del 12%, siempre y cuando la inflación permanezca controlada.
Este anuncio, que consolida una política iniciada en 2018, se da en un entorno económico radicalmente distinto al que acompañó los primeros años del proyecto de recuperación salarial. La expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2025 es apenas del 0.2%, de acuerdo con la más reciente encuesta del Banco de México. Además, la actividad industrial se ha desacelerado, el empleo formal muestra debilidad (con su peor comportamiento en abril en más de 16 años), y las tensiones comerciales con Estados Unidos generan un ambiente de incertidumbre.
¿Una política social en tiempo de desaceleración?
La presidenta Sheinbaum fue clara en que el incremento del salario mínimo estará supeditado a un solo factor: el control de la inflación. Si los precios se mantienen dentro del rango de tolerancia del Banco de México (menor al 4%), el incremento nominal del 12% previsto para 2026 se llevará a cabo. Esto implicaría que el salario mínimo general pasaría de los actuales 278.80 pesos diarios a 312.30 pesos, o lo que es lo mismo, de 8,475 a 9,494 pesos mensuales.
La cifra es simbólicamente relevante: por primera vez, el salario mínimo superaría los 300 pesos diarios y quedaría apenas 850 pesos por debajo del ingreso promedio mensual de la población ocupada en el mercado formal, que en 2024 se ubicó en 10,350 pesos, según datos del Coneval. Sin embargo, el crecimiento del salario mínimo contrasta con el lento avance de los ingresos promedio: sólo 5.3% en el último año.
Las tensiones detrás de la recuperación salarial
Desde 2018, el salario mínimo ha recuperado más de 125% de su poder adquisitivo, después de décadas de estancamiento y pérdida sistemática frente a la inflación. Hoy en día, permite adquirir el equivalente a 1.8 canastas básicas, y el objetivo del gobierno es alcanzar las 2.5 hacia 2030. Sin embargo, el contexto actual es menos propicio para avanzar a ese ritmo sin generar efectos secundarios.
El problema no está en el principio (la justicia salarial), sino en su sostenibilidad. Un aumento del 12% en un entorno económico débil podría convertirse en un desafío para más del 95% de las unidades económicas del país: las micro y pequeñas empresas. En ellas, cualquier ajuste salarial suele representar un golpe directo a los márgenes de operación, con posibles consecuencias en la contratación, la informalidad o incluso el cierre de negocios.
Además, la brecha entre el salario mínimo y el promedio formal se ha estrechado tanto que muchas empresas ya enfrentan presiones para reajustar sus escalas salariales. La convergencia entre el mínimo y los sueldos de entrada puede desincentivar la movilidad laboral, afectar la moral de trabajadores con mayor antigüedad o responsabilidades, e incluso alentar ajustes en los beneficios no salariales.
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¿Subidas sin productividad?
Una crítica persistente a los aumentos acelerados del salario mínimo es la falta de un plan paralelo para elevar la productividad. Sin mejoras en la eficiencia del trabajo, en la capacitación o en la inversión tecnológica, los aumentos pueden convertirse en simples traslados de costos al consumidor, presionando la inflación y erosionando el mismo poder adquisitivo que se pretende defender.
En este sentido, economistas y analistas del mercado laboral advierten que la recuperación del salario debe venir acompañada de una estrategia de desarrollo económico más robusta: inversión pública y privada, mejora en la educación técnica, impulso al emprendimiento, infraestructura para las microempresas y un marco fiscal que no castigue a quienes cumplen con la formalidad.
¿Qué tan viable es un salario mínimo de 9,500 pesos?
La pregunta que flota, entonces, no es si se debe seguir elevando el salario mínimo (consenso general en términos de justicia social), sino cómo hacerlo de manera responsable en un entorno de bajo crecimiento, alta incertidumbre y limitada generación de empleo.
¿Puede el país sostener por decreto un salario mínimo mensual cercano a los 9,500 pesos sin poner en riesgo la competitividad, la formalidad o la estabilidad de precios? ¿Está listo el ecosistema económico mexicano para absorber ese incremento sin que se convierta en un lastre?
Claudia Sheinbaum apuesta por la continuidad de una política que ha sido, sin duda, uno de los logros más visibles de la administración saliente. Pero la continuidad sin adaptación puede ser riesgosa. La clave no estará solo en cuánto aumente el salario mínimo, sino en qué condiciones se dan esos aumentos, qué sectores los absorben, y qué tan equitativamente se distribuyen sus beneficios y costos.
Por ahora, la promesa está sobre la mesa. Pero cumplirla (y hacerlo de forma sustentable) requerirá más que voluntad política: exigirá coordinación, visión de largo plazo y una economía que, por fin, logre despegar.
