En un fallo unánime de 9-0 emitido este jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos frenó la demanda presentada por el Gobierno de México contra dos empresas estadounidenses del sector armamentístico, Smith & Wesson y Interstate Arms, que las acusaba de facilitar el tráfico ilegal de armas hacia los cárteles de la droga y de alimentar la violencia en México.
El caso y su contexto legal
La demanda había sido presentada en 2021 en una corte federal de Boston, bajo el argumento de que estas compañías mantenían un sistema de distribución negligente y deliberadamente permisivo que permitía la venta de armas a intermediarios conocidos como compradores “de paja”. Estos intermediarios, a sabiendas, transferían las armas hacia manos de los cárteles en México, donde la violencia armada está estrechamente vinculada al narcotráfico y ha provocado miles de muertes.
Además, el Gobierno mexicano acusó a las empresas de diseñar y comercializar ciertos modelos de armas con características y publicidad que las asociaban con equipamiento militar, atrayendo así la demanda en el mercado ilícito, al promoverlas como productos de grado militar supuestamente aptos para actividades violentas.
No obstante, Smith & Wesson e Interstate Arms defendieron su actuación argumentando que sus productos son legales y que, conforme a la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (2005), están exentas de responsabilidad civil por el uso ilegal que terceros hagan de sus armas.
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Trayectoria judicial y fallo definitivo
En primera instancia, un tribunal de Boston había considerado plausible la demanda de México, permitiendo que el caso siguiera adelante y que se investigara el papel de estas empresas en la cadena de suministro que facilita el tráfico ilegal.
Sin embargo, en 2024, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito revocó parcialmente esa decisión, sosteniendo que la conducta de las empresas podría quedar protegida por la mencionada ley federal.
Finalmente, la Corte Suprema ratificó esta posición y anuló el fallo que favorecía la continuación de la demanda, eximiendo a Smith & Wesson y a Interstate Arms de responsabilidad civil, con lo que México pierde la vía judicial para hacer valer estas acusaciones en Estados Unidos.
Impacto y reacciones
México es uno de los países con las leyes más estrictas sobre control de armas en el continente, y ha denunciado que la mayoría de los homicidios registrados en su territorio (valorados en más de 250 millones de dólares anuales en armas traficadas) se cometen con armas provenientes de Estados Unidos. Este fallo representa un revés significativo para el Gobierno mexicano, que buscaba frenar el flujo ilegal de armas mediante acciones legales contra los fabricantes y distribuidores en el país vecino.
Por su parte, la industria armamentística estadounidense celebra la decisión como una protección fundamental para el comercio legal de armas, mientras que expertos en seguridad y derechos humanos expresan preocupación por la dificultad que este tipo de resoluciones plantea para combatir la violencia vinculada al tráfico de armas transfronterizo.
