La propuesta de un impuesto del 5% sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia México ha encendido las alarmas entre economistas y sectores sociales en nuestro país. Dafne Viramontes, presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes, advirtió que esta medida podría impactar gravemente la economía de miles de hogares mexicanos, incluyendo a familias en Aguascalientes, que reciben este apoyo financiero fundamental.
¿En qué consiste el impuesto?
El impuesto planteado funcionaría como una retención del 5% sobre el monto total de las remesas y sería responsabilidad del remitente, es decir, de las personas que envían dinero desde Estados Unidos a sus familiares en México. Viramontes explicó que esta medida encarecería considerablemente el costo de enviar dinero y afectaría el flujo económico que llega a los hogares mexicanos.
Actualmente, las remesas que México recibe se estiman en más de 64 mil millones de dólares para 2024. De aplicarse el impuesto sobre el total, el impacto económico a nivel nacional superaría los 3,237 millones de dólares, según estimaciones basadas en las cantidades recibidas.
Impacto en Aguascalientes y sus municipios
En 2024, Aguascalientes recibió un total de 958 millones de dólares en remesas, colocándose en el lugar 21 a nivel nacional. Sin embargo, la distribución dentro del estado revela que el municipio capital es uno de los más beneficiados a nivel país, ocupando el noveno lugar nacional con 578 millones de dólares recibidos.
Otros municipios con significativa recepción son Calvillo (140 millones), Rincón de Romos (91.2 millones), Pabellón de Arteaga (65.5 millones), y Jesús María y San Francisco de los Romo (31.7 millones cada uno). La aplicación del nuevo impuesto implicaría una pérdida estimada de hasta 29 millones de dólares anuales solo en el municipio de Aguascalientes, seguida por pérdidas importantes en Calvillo y Rincón de Romos, sumando más de 39 millones de dólares para todo el estado.
Una fuente vital para la economía local
Aunque Aguascalientes no es uno de los estados más dependientes de las remesas, el 4.1% de su Producto Interno Bruto (PIB) proviene de estos envíos. “Las remesas representan tres de cada 10 pesos que reciben los hogares beneficiados”, señaló Viramontes, destacando la relevancia de este ingreso en la economía doméstica. En municipios como Calvillo, El Llano, San José de Gracia y Rincón de Romos, entre el 14 y 21% de los hogares dependen directamente de estas transferencias para su sustento.
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Aumento en el costo de envío
Otro punto crítico que advirtió la presidenta del Colegio de Economistas es el aumento significativo en el costo de enviar remesas. Actualmente, enviar 350 dólares a México cuesta en promedio 5.88 dólares en comisiones y gastos. Con el nuevo impuesto, esta cifra se elevaría a 23.38 dólares, más que cuadruplicando el costo para los remitentes y afectando aún más a quienes viven de este flujo económico.
Consecuencias sociales y recortes en servicios
Además del impacto económico directo, Viramontes alertó que la iniciativa aprobada por el Congreso de Estados Unidos incluye recortes millonarios en el programa Medicaid, afectando particularmente a migrantes sin estatus legal. “Esto representa una afectación grave a derechos fundamentales como el acceso a servicios médicos y sociales”, enfatizó, ya que muchas familias migrantes se verían vulneradas en su bienestar y seguridad social.
Municipios más vulnerables
Los efectos negativos de este impuesto serían aún más profundos en municipios con altos niveles de pobreza y rezago social, como San José de Gracia, Tepezalá y Cosío, donde ya se han reportado caídas recientes en la recepción de remesas. Viramontes consideró que estas comunidades sufrirían un doble golpe, al perder recursos que son vitales para su subsistencia y desarrollo.
La economista concluyó que el tema va más allá de un simple impuesto o cuestión fiscal. “Es un tema complejo que no solo impacta a México, sino que también vulnera directamente a las familias migrantes en Estados Unidos”, señaló, subrayando la importancia de una mirada integral que tome en cuenta tanto las necesidades económicas como los derechos humanos de quienes se ven involucrados en esta dinámica transnacional.
