En una movida que promete sacudir el panorama comercial global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para elevar del 25 al 50% los aranceles al acero y al aluminio provenientes de varios países, entre ellos México, Canadá, Brasil, Corea del Sur y Vietnam, así como Emiratos Árabes Unidos, Rusia y China, en lo que respecta al aluminio.
El anuncio lo confirmó Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, y entró en vigor ayer, marcando el retorno a una política comercial agresiva que caracterizó el primer mandato de Trump.
Una nueva escalada en las tensiones comerciales
Esta decisión amenaza con elevar las tensiones con algunos de los principales socios de Estados Unidos, entre ellos México y Canadá, que junto a EE.UU. forman parte del tratado T-MEC.
Esta escalada también tiene motivaciones internas, ya que Trump busca presionar a Japón en torno a la operación de compra de United States Steel por parte de Nippon Steel Corp, un acuerdo que generó fricciones políticas y comerciales.
Durante una visita reciente a una planta de U.S. Steel en Pensilvania, Trump defendió su política de “defensa de la industria estadounidense” y aseguró que la duplicación de aranceles es una medida “necesaria para evitar el colapso de la producción nacional”, aunque no ofreció detalles concretos sobre compensaciones a los países aliados afectados.
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México en la mira: Implicaciones económicas y diplomáticas
México figura entre los países directamente impactados por esta medida, lo cual representa un desafío en momentos en que las relaciones bilaterales parecían estabilizadas tras años de incertidumbre. Las exportaciones mexicanas de acero y aluminio a Estados Unidos suman miles de millones de dólares anualmente, por lo que la medida podría tener efectos negativos en empleos, inversiones y precios en sectores estratégicos como la construcción, la automotriz y la manufactura.
Expertos del sector industrial mexicano anticipan un posible efecto en cascada: desde reducción de márgenes para los productores nacionales hasta incrementos de costos para los fabricantes estadounidenses que dependen de insumos mexicanos, lo que podría aumentar la inflación en ciertos rubros y debilitar la competitividad de empresas norteamericanas.
Legalidad en entredicho
La decisión también podría enfrentar obstáculos legales, pues la capacidad del gobierno de EE.UU. para imponer aranceles unilaterales bajo argumentos de seguridad nacional (como ocurrió durante el primer mandato de Trump) se cuestiona en tribunales federales, lo que podría derivar en litigios de largo aliento.
No obstante, la Casa Blanca insiste en que la medida es legal y enmarcada en el derecho del Ejecutivo a proteger “intereses estratégicos del país”.
La administración Trump también ha dejado entrever que esta alza forma parte de una nueva estrategia comercial de “tarifas recíprocas”, donde EE.UU. aplicaría aranceles proporcionales a los que enfrentan sus exportaciones en otros países. Esta narrativa, aunque popular entre su base electoral, la crítican economistas y cámaras de comercio por su potencial para desencadenar represalias y nuevas guerras comerciales.
